Nicaragua. El gobierno de este país y Barceló firmaron un entendimiento que pone fin a la disputa legal iniciada en 2008, cuando las autoridades locales aplicaron un secuestro preventivo sobre el hotel Barceló Montelimar Resort y Casino, alegando que el grupo español incumplía el contrato y debía unos 30 millones de dólares.

En 1993, Barceló compró por 3 millones de dólares el edificio y su finca colindante, sacados a venta pública por el Estado nicaragüense. El contrato contemplaba pagos adicionales si el hotel superaba el 60% de capacidad, algo que no ocurrió según auditorías de la firma internacional Price Waterhouse.