La Comisión Europea ha evitado juzgar la decisión de las autoridades francesas de facilitar las expulsiones de gitanos alegando que corresponde a Francia decidir "cómo aplicar las leyes". "Francia, y todos los países, tienen derecho a controlar sus territorios y luchar contra la delincuencia, por supuesto", dijo un portavoz de la comisaria de Justicia, Vivian Reding.

El portavoz se limitó a pedir "proporcionalidad" y que se examine "cada caso" para ver el grado de integración social de los candidatos a la expulsión. "Hay que ver las condiciones, ver cada caso, cada persona y cómo están integradas en la sociedad, pero corresponde al Estado decidir. Es una cuestión francesa y la Comisión no puede ir más allá", añadió.

"La Comisión Europea no está aquí para juzgar casos individuales de población gitana. Corresponde a cada Gobierno y sus autoridades tomar este tipo de decisiones", insistió. El portavoz tampoco se pronunció sobre si la decisión adoptada en Francia vulnera la libertad de circulación de personas contemplada en la normativa comunitaria.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ordenó este miércoles desmantelar 300 campamentos gitanos y la expulsión prácticamente inmediata de gitanos rumanos y búlgaros que hubieran cometido algún delito.

Según la CE se tiene que hacer una evaluación "proporcional" cada vez que se considera expulsar o no un ciudadano. Ello implica tener en cuenta el caso en su conjunto y si existe alguna sanción penal, si el individuo tiene antecedentes o si ha cometido un delito grave.

Además, tendrá que considerarse cuánto tiempo ha estado esa persona en el país y qué tipo de vínculo tiene con el mismo. "Una vez conocidos todos esos elementos, corresponde al Estado decidir. Esa es la ley europea", resumió el portavoz comunitario.