El portavoz de la asociación 'Casitas La Palma', José Cáceres, ha estimado este jueves que más de 5.000 camas en situación alegal están esperando a que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias apruebe el decreto que desarrolla la Ley por la que se modifica Ley 6/2002 sobre la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera aprobada el pasado mes de diciembre. "Podría salir en un mes", dijo.

Cáceres recordó que sus reivindicaciones comenzaron "hace años" con la tramitación del Plan Insular especial, pero que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó esta vía. "Recurrimos al Gobierno", prosiguió para detallar que la tramitación en el Parlamento dio frutos con la publicación de la norma en el Boletín Oficial el pasado 5 de enero.

Indicó que los afectados están a la espera de que la Consejería determine los detalles por los que se puedan regularizar al tiempo que apuntó que en 2004 se realizó un censo en el que se contaron 1.170 camas. Apuntó que Turismo insiste en que sólo faltan algunos flecos para aprobar el documento.

Cáceres señaló que no cree que sea complicado para los afectados por esta situación cumplir los requisitos que establezca el Ejecutivo al tiempo que descartó que los hoteleros "pongan pegas" ya que insistió la suya se trata de una oferta "complementaria".

Casitas La Palma agrupa entre sus asociados unas 1.950 camas en situación alegal.

EN EL CONSTITUCIONAL

La tramitación de esta norma en el Parlamento de Canarias suscitó una agria polémica entre los grupos que apoyan al Gobierno, CC y PP, y el PSOE.

Así el en su día portavoz de los socialistas, Santiago Pérez, anunció --tras aprobarse tres enmiendas, dentro de la adaptación a la directiva europea de Servicios de la Ley de Ordenación del Turismo--, que acudirían al Tribunal Constitucional por lo que consideraban la vulneración de las garantías procedimentales en la Cámara.

A juicio del PSOE esta enmienda debería haber sido tratada de forma independiente como Proposición de Ley pues no tiene que ver con el objeto de la Ley (legalización de casas rurales).